Si el Gobierno cumple con su planes la Iglesia católica tendría que empezar a tributar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). En Castilla y León hay 5.400 parroquias y la vicepresidenta, Carmen Calvo, ya recordó que "hemos hablado de estos asuntos en la anterior legislatura y en Sede Vaticana". Sus bonificaciónes se rigen por el acuerdo con la Santa Sede del año 79, en el que se incluyen más de 23.000 lugares de culto.

Desde la Iglesia no quieren privilegios, pero tampoco discriminaciones, porque esta exención también se aplica a 1.600 mezquitas, 40 sinagogas y la Cruz Roja, pero no son los únicos: "Determinadas ONGs, centros docentes, las universidades tampoco pagan, y en función de la titularidad, si es pública o privada", asegura el asesor Tributario, Luis Ángel Rodríguez. Así mismo se benefician edificios sindicales, de partidos políticos o fundaciones.

En Castilla y León se recaudaron el año pasado más de 700 millones de euros sólo con el IBI. Puede suponer más del 60% del presupuesto del que dispone un Ayuntamiento, sin embargo, aunque es un impuesto de cobro municipal, la norma es estatal y cualquier cambio obligará a modificar la Ley de Haciendas Locales y la de Mecenazgo.